Antes de 2010, estas oposiciones estaban mejor coordinadas desde el Estado. Sin embargo, con la llegada de los recortes y la situación de excepcionalidad, el Ministerio dejó de liderar esa coordinación. En 2020, además, el ultimátum de la Unión Europea a España para que pusiera fin al abuso de la temporalidad en el empleo público provocó una avalancha de procesos selectivos convocados por cada comunidad autónoma según sus propios criterios.Por eso, un grupo de docentes ideó inicialmente una iniciativa legislativa autonómica para Andalucía, pero al ver que el problema afectaba a todo el país, decidieron elevarla al Congreso como una ILP estatal.