Ley Para Garantizar el Derecho a la Protección Social y la Inclusión en Aragón
Sobre esta ILP
Esta ILP propone reformar la ayuda complementaria al Ingreso Mínimo Vital en Aragón (Pacimv) para que llegue a aquellas personas excluidas del IMV. La ley actual contempla criterios muy similares al IMV por lo tanto quedan fuera las mismas personas. Hay que modificar algunos requisitos requisitos como: la exigencia de nueve meses de cotización para jóvenes de 18 a 30 años que no contempla situaciones de especial vulnerabilidad como la salud mental o la discapacidad. Reconocer la residencia efectiva aunque no exista empadronamiento formal, lo que permitiría incluir a perfiles hoy excluidos, como personas sin domicilio estable o en proceso de reinserción tras su excarcelación. Asimismo, debe revisarse el requisito impuesto a las personas jóvenes extuteladas, que obliga a haber participado previamente en un programa de autonomía, dejando fuera a quienes no pudieron acceder a él. Además, la ley obliga a activar ayudas de urgencia desde el momento de la solicitud del IMV y a resolverlas en plazos rápidos, evitando que las personas pasen meses sin ingresos mientras esperan una respuesta administrativa, estas ayudas de urgencia no se han dotado nunca de presupuesto; pedimos que estas ayudas sean en cuantía equivalentes al IMV y se les dote de presupuesto.
Comisión promotora
Historia
Desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, Aragón suprimió el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y lo sustituyó por la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV). Sin embargo, el resultado ha sido un modelo que deja fuera a numerosas personas vulnerables. La combinación de requisitos prácticamente idénticos a los del IMV, junto con trabas administrativas y una escasa coordinación institucional, ha reducido el acceso al mínimo, con apenas unas decenas de prestaciones concedidas en toda la comunidad. Además, las ayudas de urgencia previstas en la propia ley nunca se han aplicado por falta de dotación presupuestaria, lo que ha dejado a miles de personas sin ingresos durante meses mientras esperaban una resolución administrativa. Por otro lado, el IMV ha absorbido prestaciones que antes eran ágiles y de rápida tramitación, como el subsidio de excarcelación o la RAI, sin que el propio IMV haya logrado reducir sus tiempos de resolución ni simplificar sus requisitos. Esta ILP nace para corregir este fallo estructural y recuperar un sistema de protección social que garantice derechos sin obstáculos ni exclusiones.