Ley Para Garantizar el Derecho a la Protección Social y la Inclusión en Aragón
Sobre esta ILP
Gracias al Sistema del Bienestar Social existente en España, todas las personas tienen garantizados derechos fundamentales como el acceso a la sanidad, a la educación y a la protección social. La protección social se gestiona a través de diferentes prestaciones y servicios, tanto estatales como autonómicos, destinados a garantizar la atención y el apoyo a las personas que lo precisan. Esta Iniciativa Legislativa Popular propone reformar algunos criterios de la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital en Aragón (PACIMV), con el objetivo de que puedan acceder a ella personas que actualmente quedan excluidas debido a que se exigen prácticamente los mismos requisitos que para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que es una prestación estatal. Además de la reforma de algunos criterios la ley prevé ayudas de urgencia desde el mismo momento en que se solicita el IMV y con una resolución rápida. Sin embargo, estas ayudas nunca han contado con presupuesto y, en consecuencia, no se han aplicado en la práctica. Por ello solicitamos que cuenten con financiación real que garantice su aplicación efectiva y se equiparen plenamente al IMV en su cuantía.
Comisión promotora
Historia
Desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, Aragón suprimió el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y lo sustituyó por la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV). Sin embargo, el resultado ha sido un modelo que deja fuera a numerosas personas vulnerables. La combinación de requisitos prácticamente idénticos a los del IMV, junto con trabas administrativas y una escasa coordinación institucional, ha reducido el acceso al mínimo, con apenas unas decenas de prestaciones concedidas en toda la comunidad. Además, las ayudas de urgencia previstas en la propia ley nunca se han aplicado por falta de dotación presupuestaria, lo que ha dejado a miles de personas sin ingresos durante meses mientras esperaban una resolución administrativa. Por otro lado, el IMV ha absorbido prestaciones que antes eran ágiles y de rápida tramitación, como el subsidio de excarcelación o la RAI, sin que el propio IMV haya logrado reducir sus tiempos de resolución ni simplificar sus requisitos. Esta ILP nace para corregir este fallo estructural y recuperar un sistema de protección social que garantice derechos sin obstáculos ni exclusiones.