Proposición de Ley para la protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en las Administraciones Públicas y garantía del poder adquisitivo de sus empleadas y empleados.

Esta ILP, presentada en 2001 con apoyo sindical, proponía asegurar el cumplimiento de los acuerdos salariales en las Administraciones Públicas y proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos. Sin embargo, el Congreso rechazó su toma en consideración durante la VII Legislatura. La mayoría parlamentaria votó en contra, impidiendo que la propuesta se tramitara como ley, por lo que la iniciativa no prosperó.