En España, más del 90% de los delitos de odio nunca se denuncian. De los más de 220.000 incidentes documentados en los últimos cinco años, apenas un 4% llegaron a convertirse en denuncias formales. La mayoría de las víctimas desiste por miedo, falta de confianza en las instituciones o porque no sabe a dónde acudir. El caso de Torre Pacheco en 2025 es paradigmático: una agresión organizada con cientos de implicados terminó sin condenas firmes, y las denuncias no vinieron de las víctimas, sino de organizaciones sociales. Esta ILP nace para que proteger frente al odio deje de depender de esfuerzos voluntarios y pase a ser una responsabilidad del Estado, con una respuesta eficaz y homogénea en todo el territorio.